La acción judicial impulsada por la comunidad busca frenar la intervención en una vertiente clave y establecer responsabilidades por el daño a fauna y ecosistemas únicos.
La acción directa de la Comunidad Quechua de Cebollar Ascotán logró que el Juzgado de Garantía de Calama declarara admisible una querella criminal por graves daños ambientales en la vertiente 11 del Salar de Ascotán, en la comuna de Ollagüe en la Región de Antofagasta.
El hecho se remonta a hace unas semanas, cuando integrantes del territorio detectaron el ingreso de vehículos al interior del salar. Un día después, monitores ambientales de la propia comunidad constataron un aumento anómalo en el nivel del agua y la mortalidad masiva de fauna endémica protegida.
Acción comunitaria
La ofensiva judicial fue impulsada directamente por la comunidad, que denunció una intervención sistemática en un punto clave del ecosistema. La querella apunta contra quienes resulten responsables por alterar el equilibrio hídrico de la vertiente 11, considerada vital para la supervivencia del salar.
La resolución judicial no solo valida la denuncia, sino que también ordena la designación de un fiscal del Ministerio Público para investigar los hechos.
“Como víctimas directas y custodios ancestrales de este territorio, no descansaremos hasta que los responsables enfrenten las penas que establece la ley”, afirmó la presidenta de la comunidad, Vanessa Bello Quispe.
“Como víctimas directas y custodios ancestrales de este territorio, no descansaremos hasta que los responsables enfrenten las penas que establece la ley”, afirmó la presidenta de la comunidad, Vanessa Bello Quispe.
Daño ambiental
El Salar de Ascotán alberga especies únicas que dependen de condiciones hídricas extremadamente delicadas. La intervención denunciada impacta directamente a organismos altamente vulnerables.
Entre ellos se encuentran el pez Orestias ascotanensis, especie endémica del lugar, y la rana del Loa (Telmatobius philippii), catalogada en peligro crítico. También se reportan efectos sobre aves migratorias y flora altoandina.
La comunidad sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de episodios reiterados que han ocurrido pese a medidas de protección existentes.
Investigación en curso
Tras la admisión de la querella, la comunidad solicitó medidas cautelares para evitar nuevas intervenciones mientras se desarrolla la investigación.
El caso se enmarca en la aplicación de la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales, que endurece las sanciones frente a daños graves al medioambiente.
Detalles clave
- Fecha de los hechos: 4 y 5 de abril de 2026
- Ubicación: Vertiente 11, Salar de Ascotán, Ollagüe
- Acción judicial: Querella criminal por delitos ambientales
- Estado: Declarada admisible por tribunal
- Próximo paso: Investigación liderada por el Ministerio Público
La resolución judicial abre un nuevo escenario para la defensa de ecosistemas sensibles en el norte del país, donde comunidades locales comienzan a jugar un rol cada vez más activo en la protección de sus territorios.
