La Cámara aprobó la instancia que fiscalizará actos del Gobierno, Codelco y Corfo en la explotación del litio en conjunto con SQM. Parlamentarios denunciaron graves presiones para frenar su creación.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora que tendrá un plazo de 60 días para rendir un informe sobre los actos del Gobierno, Codelco y Corfo relacionados con el acuerdo de asociación con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama, así como la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga.
Un plazo clave
El mandato de 60 días permitirá que la comisión recopile antecedentes y realice su labor en cualquier lugar del territorio nacional. Según el diputado Cristián Tapia (IND-PPD), impulsor de la iniciativa, esta comisión representa un paso importante hacia la transparencia, especialmente considerando las presiones denunciadas. “A pesar del intervencionismo de funcionarios de Codelco y del Ministerio de Minería para que parlamentarios retiraran sus firmas, logramos aprobar esta instancia. Estas acciones podrían ser inconstitucionales e incluso ilegales, y vamos a investigarlas a fondo”, afirmó Tapia.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) criticó que se haya intentado para inhibir la creación de la comisión y señaló posibles vulneraciones a la Ley del Lobby y al código de ética de Codelco. “Es inaceptable que estas relaciones se manejen a espaldas de la ciudadanía y violando la normativa. Este tipo de prácticas afecta el prestigio de la empresa y genera dudas sobre su transparencia”, expresó.
Fiscalización y acciones legales
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) destacó que el plazo de 60 días es una oportunidad para exponer las irregularidades denunciadas. “Este escándalo no puede quedar impune. Recurriremos a la Contraloría y al Fiscal Nacional para que se investiguen los hechos y se establezcan responsabilidades. Este acuerdo fue negociado de manera opaca, y ahora la ciudadanía merece respuestas claras”, señaló.
Con la constitución de esta comisión investigadora, se espera avanzar en la fiscalización de un tema clave para el futuro de los recursos estratégicos de Chile, asegurando que las decisiones en torno al litio se realicen con transparencia y responsabilidad.