Con una inversión de US$ 3.000 millones, el proyecto Salares Altoandinos contempla tecnología de extracción directa, beneficios para las comunidades y proyecciones que podrían generar más de US$ 15.000 millones para el país.

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) anunció este jueves que seleccionó a Rio Tinto como socio operador del proyecto Salares Altoandinos, una iniciativa estratégica que abarca los salares Aguilar, La Isla y Grande en la Región de Atacama. El proyecto cuenta con más de 15 millones de toneladas de recursos identificados de carbonato de litio equivalente (LCE), lo que lo convierte en el mayor proyecto greenfield del país en su tipo.
Actualmente en etapa de estudios, Salares Altoandinos utilizará tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y considera una inversión de US$ 3.000 millones. Si se cumplen los plazos y condiciones técnicas, el proyecto podría alcanzar una producción anual de hasta 75.000 toneladas de LCE, una vez que entre en operación comercial.
Alianza estratégica
Rio Tinto asumirá el financiamiento total de la etapa de estudios, incluyendo el desarrollo del estudio de prefactibilidad, el uso de su planta demostrativa en Argentina y su tecnología propia de extracción directa. Además, aportará US$ 425 millones en efectivo y activos valorizados.
La participación inicial de ENAMI en la sociedad será del 49%, con representación en el directorio (dos de cinco miembros) y poder de incidencia en decisiones clave.
“Después de un exhaustivo análisis, concluimos que la propuesta que entrega mayor valor para ENAMI es la de Rio Tinto”, señaló el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, destacando que esta alianza refleja el interés global por invertir en proyectos con liderazgo público en Chile.
Desde Rio Tinto, su CEO Jakob Stausholm afirmó: “Es un honor haber sido seleccionados para un proyecto que puede convertirse en un yacimiento de clase mundial. Queremos fortalecer nuestra asociación en Chile y apoyar el liderazgo del país en minerales críticos para la transición energética”.
Impacto económico y social
Si se cumplen las proyecciones de mercado y producción, el proyecto podría generar más de US$ 15.000 millones en retornos para el país durante su vida útil. Los beneficios se distribuirían en ingresos fiscales vía CEOL, aportes a gobiernos regionales y locales, fondos para I+D y beneficios directos a comunidades indígenas.
La consulta indígena, concluida en diciembre de 2024, fue una de las bases del proceso. “Esta alianza da garantías para ejecutar un proyecto con altos estándares ambientales, con respeto a las comunidades y en beneficio de la Región de Atacama y del país”, concluyó Mlynarz.