Un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara concluye que el acuerdo careció de licitación, redujo el rol de Codelco y dejó fuera a las comunidades indígenas, recomendando su revocación.
Un nuevo capítulo se abre en torno al acuerdo firmado entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, conformada en 2024 para revisar los antecedentes de este proceso, concluyó que el convenio presenta serias falencias de transparencia, omisiones legales y debilita el rol estatal en uno de los recursos estratégicos más relevantes del país.
El acuerdo, anunciado en diciembre de 2023 y formalizado en mayo de 2024, crea una sociedad entre ambas compañías para operar en el salar hasta el año 2060. Si bien Codelco posee el 50,01% de la sociedad, la gestión efectiva de la operación quedará en manos de SQM hasta 2030, incluyendo la definición del plan de negocios y la dirección ejecutiva.
Sin licitación y con poco control estatal
Uno de los principales cuestionamientos de la comisión es la ausencia de una licitación pública para definir al socio privado. Aunque los contratos vigentes con SQM consideraban esta posibilidad a partir de 2030, la estatal optó por llegar a un acuerdo directo con la misma empresa que ya explota el salar.
Desde Codelco y Corfo se argumentó que firmar el acuerdo con anticipación permitiría evitar lo que llamaron un «valle productivo», es decir, un período de inactividad o baja producción si se esperaba a que venciera el contrato y recién entonces se iniciaba un nuevo proceso. Para la comisión, este argumento no justifica haber omitido un proceso abierto y competitivo. «El argumento del valle productivo fue utilizado para justificar una decisión estratégica que debió someterse a mecanismos de transparencia y competencia», señala el informe.
Ganancias desiguales y beneficios anticipados para SQM
El informe también advierte que la distribución de utilidades no es equitativa. Codelco solo comenzará a recibir utilidades proporcionales a su participación después de 2030, mientras que SQM obtendrá el grueso de los beneficios desde el inicio. De las 990 mil toneladas de litio proyectadas a producir entre 2025 y 2060, solo alrededor de 200 mil generarán ingresos para la estatal.
La operación tampoco incluye el pago de impuesto específico a la minería por parte de SQM, lo que, según cálculos de la comisión, representa una pérdida de ingresos para el Estado por más de 11 mil millones de dólares.
Consulta indígena incompleta y sin acceso a información
Otro aspecto que la comisión critica duramente es el proceso de consulta indígena, que califican como insuficiente y carente de garantías. Las comunidades del Salar de Atacama no fueron informadas del contenido final del acuerdo, y no contaron con condiciones materiales que aseguraran una participación libre e informada.
Junto con esto, el informe señala que hasta la fecha no se han hecho públicos los informes técnicos, financieros ni jurídicos que sirvieron como base para la decisión. No hubo revisión por parte de la Contraloría ni participación del Congreso, a pesar de tratarse de un tema de interés nacional.
Recomendaciones de la comisión
Entre las medidas propuestas por la Comisión Investigadora, se incluyen:
- Dejar sin efecto el acuerdo entre Codelco y SQM.
- Realizar una nueva licitación pública e internacional para operar el salar después de 2030.
- Garantizar una consulta indígena completa y vinculante que incluya el texto final del acuerdo.
- Ejecutar auditorías independientes sobre los antecedentes técnicos y financieros.
- Reformar la legislación sobre el litio para asegurar una gobernanza estatal real y transparente.
- Establecer mecanismos de participación del Congreso en futuras decisiones estratégicas.
El informe también plantea revisar el uso de tecnologías extractivas —como las piscinas de evaporación solar— por su alto consumo de agua y su impacto en los salares altoandinos.
¿Qué pasará ahora?
El documento fue aprobado por la comisión y deberá ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Si se aprueba, se convertirá en una resolución oficial del Congreso y sus recomendaciones serán enviadas al Ejecutivo y a los organismos competentes. Aunque no es jurídicamente vinculante, podría abrir la puerta a acciones administrativas, reformas legales e incluso investigaciones de otros órganos del Estado.
